Cuando hablamos de propiedad intelectual, a menudo pensamos en derechos de autor relacionados con música y arte, o en derechos industriales como patentes y marcas. Sin embargo, rara vez se discute el ámbito de los derechos que abarcan las variedades biológicas y los saberes ancestrales de comunidades indígenas. Este tema, aunque poco conocido, reviste una gran importancia, especialmente en países ricos en biodiversidad, como Colombia. La falta de regulación en este campo ha dado lugar a la biopiratería, una práctica que no solo vulnera los derechos de las comunidades más vulnerables, sino que también afecta a naciones enteras.

La biopiratería se refiere al uso, venta o patentamiento de recursos biogenéticos o conocimientos ancestrales sin el consentimiento de las comunidades o pueblos de los que provienen. En este contexto, empresas e investigadores, en su mayoría provenientes de países desarrollados, registran o patentan conocimientos o recursos genéticos que en realidad pertenecen a determinadas culturas y territorios que descubrieron sus virtudes en primer lugar, ya sea en la medicina, la cosmética, la farmacología o la alimentación. Los beneficios económicos que se generan a partir de esta práctica son inmensos.

¿Por qué resulta problemático este escenario? La preocupación radica en que estos conocimientos tradicionales estén siendo aprovechados y patentados por terceros sin el previo consentimiento de sus legítimos dueños, y las comunidades de origen reciban escasos o nulos beneficios. En respuesta a esta problemática, la comunidad internacional ha emprendido importantes iniciativas para evitar su perpetuación. Algunas de las normativas más significativas incluyen:

• CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE LAS NACIONES UNIDAS: Este tratado reconoce que los Estados tienen derechos soberanos sobre sus recursos biológicos. En este sentido, cualquier persona que desee investigar o comerciar con estos recursos necesita la autorización del Estado.

• ACUERDO COMPLEMENTARIO DE NAGOYA: En este acuerdo se establece el principio de "Benefit Sharing" (compartir beneficios), según el cual quienes deseen utilizar recursos genéticos o conocimientos relacionados deben pagar una compensación o un porcentaje de sus ganancias por su comercialización.

Lamentablemente, son muy pocos los países que han ratificado dicho acuerdo, lo que prácticamente anula su aplicación. Sin embargo, lo verdaderamente alentador es que algunos países han encontrado soluciones prácticas para proteger los conocimientos de sus comunidades ancestrales. Uno de los casos más notables en la lucha contra la biopiratería ocurrió en la India, donde lograron la cancelación de 36 solicitudes de patentes en Europa relacionadas con formulaciones medicinales basadas en conocimientos tradicionales, mediante la creación de una Biblioteca Digital de Conocimientos Tradicionales (TKDL), una base de datos que contiene múltiples registros en diversos idiomas.

La TKDL fue proporcionada a los examinadores internacionales de patentes para ser utilizada en la evaluación del estado de la técnica. Esta herramienta resultó fundamental para prevenir la concesión errónea de patentes. En aquel momento, gran parte de los conocimientos tradicionales de la medicina india solo se encontraban en textos escritos en sánscrito, hindi, árabe, urdu y tamil. Por ende, los examinadores de patentes en las principales oficinas no tenían acceso ni comprensión de estos idiomas y esto género que se concedieran cientos de patentes que en realidad no tenían nada de novedosas. 

Así las cosas, la concesión equivocada de tantas patentes en Estados Unidos y Europa causó una gran indignación en la India, ya que consideraron que se les había despojado injustamente de sus conocimientos. Estas patentes "erróneas" otorgaban derechos exclusivos de explotación en los países donde se otorgaba la protección por patente, lo que amenazaba económicamente a los productores indios y limitaba su capacidad de comerciar en mercados extranjeros.

Por otro lado, Perú estableció la Comisión Nacional contra la Biopiratería, encargada de rastrear solicitudes de patentes en todo el mundo y detectar aquellas que, según su criterio, se basan en conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas. En consecuencia, presentan observaciones cuando consideran que no cumplen con el requisito de novedad. Sorprendentemente, estas medidas han tenido un éxito significativo.

Teniendo en cuenta todo esto, Colombia, como un país con una rica biodiversidad y vastos conocimientos ancestrales, debería considerar la adopción de medidas similares para evitar que empresas extranjeras exploten los conocimientos de nuestras comunidades indígenas sin ofrecerles ningún tipo de beneficio o compensación. Esto es fundamental para proteger nuestro patrimonio cultural y natural.